LA CIUDAD QUE VENDRÁ
Las Comunas de Medellín han experimentado muchos cambios, en especial las comunidades de laderas . Han visto llegar a los desplazados con sus pocas pertenencias, han construido barrios enteros ladrillo a ladrillo con sudor y esfuerzo, han sufrido la violencia y creído en las promesas incumplidas. Las personas que habitan esos barrios y corregimientos han valorado las luchas ganadas a pulso, a menudo mediante la fuerza de los lazos comunitarios y familiares.
Ahora ven llegar la modernidad de la cultura capitalista y del desarrollo innovador como las nuevas tecnologías de la desposesión. Ven cómo sus historias son convertidas en datos, sus prácticas culturales alimentan sistemas que no controlan, y así, el “progreso” tecnológico de la ciudad se construye sobre el trabajo invisible de sus memorias.
Pero las comunidades también resisten. La capacidad de organización que permitió construir barrios en la pendiente puede permitir construir soberanía de datos, la creatividad que produjo poesía popular puede producir formas de narrar que confundan a las elites que controlan la narrativa de ciudad, y la solidaridad que sostuvo a las comunidades en los momentos más duros puede sostener redes de cuidado y ciudadanías digitales.
Medellín será un hub tecnológico. Pero qué tipo de hub será: uno extractivo, que toma los datos de las comunidades sin retorno, o uno generativo, que reconoce el valor de esas memorias y construye con ellas, no sobre ellas.
Las preguntas atraviesan la historia de Medellín: ¿quién tiene derecho a contar la ciudad? ¿Las élites con sus narrativas tecno capitalistas de imposición? ¿Las instituciones con sus patrimonios y semióticas oficiales? ¿Las corporaciones con sus proyectos extractivos? ¿O las comunidades con sus memorias vivas?
LA CARTOGRAFÍA EN LADERA Y EL ESPEJUELO DE LA PARTICIPACIÓN
Esta es la escena en las laderas de Medellín: un grupo de profesionales entre los que destacan, arquitectos, diseñadores, gestores culturales, llega al barrio. Ellos, profesionales de universidades de élite, “descienden” a la comuna para ofrecer su piadosa ayuda a comunidades vulnerables.
Los profesionales vienen representando un colectivo cultural, una corporación respetada, un grupo de investigación universitario. Casi siempre están desarrollando un Proyecto . Imaginemos el nombre, “Proyecto M”.
Los profesionales del “Proyecto M”, traen consignas: “metodologías participativas”, “co-creación”, “construcción colectiva del hábitat”, “derecho a la ciudad”. Se sientan con la comunidad, escuchan sus historias, documentan sus saberes, toman fotografías, graban testimonios, levantan planos participativos, cartografías del territorio, capturas visuales del deseo y estrategias de innovación.
En este caso los profesionales no son del territorio de ladera, ellos solo desarrollan el “Proyecto M” en la vulnerabilidad, puesto que ellos habitan en territorios de un gran nivel económico. Esos profesionales, una vez terminado el proceso extractivo inicial, se llevan consigo los testimonios, las imágenes, los datos. Ellos producen un libro, una publicación académica, un proyecto de diseño, un artículo en una revista de arquitectura, una investigación de alto nivel.
A veces construyen una escalera, adecuan una cocina comunitaria, instalan un mobiliario. La comunidad recibe una mejora tangible, modesta, puntual. Los profesionales realizan un proyecto especial sobre las comunidades vulnerables con el “margen de sus ganancias”.
Los profesionales del “Proyecto M”, mientras tanto, acumulan capital simbólico: publicaciones, reconocimientos, prestigio, currículos engrosados, redes de contactos, oportunidades laborales. Sus “metodologías participativas” se convierten en casos de éxito, exportables a otras comunidades, ciudades y países.
¿Qué ha ocurrido aquí?
En apariencia, una colaboración virtuosa entre profesionales comprometidos y comunidades vulnerables.
En la práctica, una nueva forma de extractivismo: la extracción de datos culturales comunitarios bajo la aparente inocencia de la “participación” y la “co-creación”.
El “Proyecto M” opera en este territorio ambiguo. Sus integrantes se presentan como facilitadores de procesos comunitarios, gestores de “soluciones de diseño con impacto social”. Pero una mirada crítica a sus prácticas revela una estructura de extracción simbólica que reproduce, bajo nuevas formas, el viejo patrón del despojo: profesionales de élite que convierten el saber comunitario en capital propio, mientras las comunidades reciben migajas.
LA CIUDAD COMO LABORATORIO DE DATOS
Medellín se ha convertido en un laboratorio viviente. No de ciencias naturales, sino de extracción social. Las comunas y corregimientos son hoy territorios donde se experimentan políticas de “innovación” y “participación”, pero también donde se prueban tecnologías de captura de datos.
Ruta N, el corazón de la Cuarta Revolución Industrial en la ciudad, promueve “retos de innovación abierta” en los que comunidades vulnerables proponen soluciones a problemas urbanos. En teoría, es participación. En la práctica, es extracción: las comunidades donan su conocimiento territorial, sus prácticas tradicionales, sus formas de resolver problemas. Ese conocimiento es capturado, procesado por profesionales de élite, y convertido en soluciones tecnológicas que son propiedad de las empresas que financian los retos.
Las comunidades no reciben regalías. No tienen derechos de propiedad intelectual sobre sus propias ideas. No participan en los beneficios comerciales de las soluciones desarrolladas. Su única compensación es la “visibilidad” — aparecer en informes, documentales, campañas de marketing urbano como ejemplos de “resiliencia” e “innovación social”.
El dispositivo es perverso porque se presenta como virtuoso. Habla de “co-creación”, “horizontalidad”, “empoderamiento”. Pero la estructura de poder no cambia: las élites (universidades, corporaciones, agencias internacionales) definen los problemas, los métodos, los criterios de éxito. Las comunidades “participan” dentro de parámetros definidos por otros. Su conocimiento es validado solo cuando es traducido al lenguaje técnico de los expertos.
Las comunas de Medellín son también canteras de donde se extrae el recurso más valioso del siglo XXI: los datos. Datos sobre comportamientos, necesidades, deseos, miedos. Datos que alimentan algoritmos cuyos dueños están en Silicon Valley, no en las Comunas.
Ruta N, en alianza con Google, ha formado a miles de jóvenes de Medellín en inteligencia artificial para “liderar la Cuarta Revolución Industrial”. La narrativa es seductora: formación de clase mundial para jóvenes vulnerables, democratización del conocimiento, cierre de brechas digitales.
Estos jóvenes son entrenados en tecnologías propiedad de Google. Aprenden a usar las herramientas de Google, los lenguajes de Google, las arquitecturas de Google. Se convierten en trabajadores del ecosistema Google. Su talento, formado con recursos públicos (la Alcaldía de Medellín aporta infraestructura y convocatoria), es extraído hacia cadenas de valor globales controladas por corporaciones del Norte.
¿Dónde trabajarán estos jóvenes una vez formados? En su mayoría, para empresas extranjeras como Google, Amazon, Microsoft, ya sea remotamente o mediante migración. Las habilidades que adquirieron tienen demanda global. Pero esa demanda beneficia a las economías del Norte, que obtienen talento calificado sin haber invertido en su formación. Las comunidades de origen de los jóvenes, mientras tanto, pierden a sus miembros más capacitados.
Esto es la extensión de la colonialidad digital: los países del Sur Global proveen talento barato y datos (incluyendo datos culturales) para alimentar sistemas controlados por corporaciones del Norte. La formación en IA es formación técnica e ideológica. Los estudiantes internalizan herramientas y supuestos sobre qué problemas son relevantes, qué soluciones son viables, qué ética es apropiada.
¿Cómo usar el conocimiento técnico para fortalecer la comunidad, no para abandonarla? ¿Puede una comunidad negarse a ser laboratorio? ¿Puede oponerse a que su conocimiento sea extraído sin compensación? ¿Puede exigir que los beneficios de la “innovación” que ella co-crea reviertan a su territorio?
Las respuestas son complejas. Negarse es condenarse a la invisibilidad. Aceptar es condenarse a la extracción. Entre esta espada y esta pared, la batalla es desigual. Las élites tienen el financiamiento, las alianzas, los canales de difusión. Las comunidades tienen su memoria y su organización. Por ahora, eso les ha bastado para sobrevivir. Veremos si basta para resistir la nueva frontera del despojo: la frontera de los datos.
LA PARTICIPACIÓN COMO TECNOLOGÍA DE GOBIERNO
La “participación comunitaria” es el dispositivo central del extractivismo cultural en Medellín. Se invita a la comunidad a talleres, grupos focales, cartografías sociales, diagnósticos participativos. La comunidad dona su tiempo y conocimientos. Los profesionales obtienen datos “auténticos”, “de primera mano”, “co-creados”.
El dispositivo es sofisticado porque se presenta como lo opuesto a la extracción. No es una empresa minera que llega a despojar territorio; es un grupo de profesionales progresistas que llega a “acompañar procesos”. No hay violencia física, no hay desalojo forzoso, no hay contaminación ambiental. Hay sonrisas, refrigerios, metodologías lúdicas, promesas de “empoderamiento”.
Pero la violencia simbólica es real. La comunidad es invitada a participar en procesos cuyas reglas define el externo. Son los profesionales quienes determinan las preguntas, los métodos, los tiempos, los formatos de registro. La comunidad “participa”, sí, pero dentro de parámetros que no controla. Su conocimiento es validado solo cuando es traducido al lenguaje técnico de los expertos.
Las comunidades se organizan para resistir megaproyectos, desalojos, gentrificación. Esa organización es luego “acompañada” por ONG, universidades, corporaciones. La resistencia se convierte en “caso de estudio”, en “lección aprendida”, en “buena práctica”. El ciclo se cierra: el Estado desplaza; la comunidad resiste; los profesionales documentan la resistencia; el Estado usa esa documentación para legitimarse como “participativo”.
¿La participación empodera o coopta? ¿Fortalece la capacidad de las comunidades para resistir o las integra a dispositivos de gestión que neutralizan su potencia?
Una ética no extractiva de la participación requeriría: que las comunidades definan las reglas del juego, no solo que jueguen; que tengan poder de veto sobre los proyectos, no solo voz en talleres; que reciban compensación por su tiempo y conocimientos, no solo refrigerios y promesas. Mientras esto no ocurra, la “participación” seguirá siendo lo que es: una tecnología de gobierno disfrazada de horizontalidad.
EL MAPA COMO ARMA DE DESPOSESIÓN
Sirmed es un sistema de información geoespacial que integra “mapas, datos, estudios, obras, inspecciones y normativas” para “hacer visible el riesgo y apoyar la toma de decisiones”. Utiliza inteligencia artificial, realidad aumentada y herramientas geoespaciales para identificar “sectores prioritarios de intervención” en Medellín.
En teoría, Sirmed protege vidas. Identifica zonas de alto riesgo por deslizamientos, inundaciones, movimientos en masa. Permite al Estado intervenir preventivamente. En la práctica, Sirmed también es una tecnología de desposesión. Los mapas de riesgo pueden ser utilizados para declarar áreas “inviables”, justificando desalojos masivos. La historia de Medellín está llena de ejemplos: barrios enteros declarados “de alto riesgo” para allanar el camino a megaproyectos urbanísticos.
El problema no es el mapa en sí. Es quién controla el mapa, quién define los criterios de riesgo, quién tiene acceso a la información, quién puede apelar las clasificaciones. Sirmed es administrado por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), una entidad del gobierno local. Las comunidades afectadas no participan en la definición de los criterios de riesgo. No tienen acceso directo a los algoritmos que clasifican sus territorios. No pueden apelar fácilmente una decisión que las declara en “alto riesgo” y justifica su desalojo.
La tecnología no es neutral. Los mapas de riesgo son representaciones del territorio que inevitablemente lo simplifican. Un mapa no es el territorio; una base de datos no es la experiencia de habitarlo. Pero cuando las decisiones sobre el territorio se basan en mapas y bases de datos, la simplificación se convierte en violencia.
Las comunidades de ladera lo saben bien. Han visto cómo sus barrios aparecen en los mapas oficiales como “asentamientos informales”, “zonas de alto riesgo”, “áreas de intervención prioritaria”. Esas categorías, técnicas en apariencia, son políticas en su efecto. Clasificar un territorio como “informal” es negar el trabajo de generaciones que lo construyeron. Clasificarlo como “alto riesgo” es preparar el terreno para el desalojo. Que el mapa sea una herramienta de defensa del territorio, no un arma de desposesión.
EPISTEMICIDIO : ANULACIÓN DEL SABER COMUNITARIO
Toda extracción requiere, antes que cualquier herramienta o tecnología, una justificación. Nadie despoja a quien reconoce como igual. El primer paso del extractivismo cultural no es tomar, sino invalidar. No es robar, sino demostrar que lo que se va a tomar no vale nada, o que su valor solo puede ser realizado por manos externas. Esta técnica se llama epistemicidio: la muerte del conocimiento propio.
En las Comunas de Medellín, el epistemicidio opera de manera silenciosa pero implacable. Cuando un arquitecto o gestor de la Universidad X llega a la Comuna con su libreta de apuntes y su diploma colgado al cuello como un escudo invisible, trae consigo una jerarquía. Su saber, el técnico, el universitario, el acreditado por instituciones, es “conocimiento”. El saber de la señora que lleva treinta años en el barrio, que conoce cada filtración de agua, cada piedra suelta, cada historia de desalojo, no es “conocimiento”. Es “experiencia”, “sabiduría popular”, “tradición oral”. Siempre en minúsculas.
Ellos dicen: “nosotros venimos a ayudar”, “tenemos metodologías”, “aplicaremos instrumentos”. La diferencia entre el que sabe y el que necesita ser ayudado queda establecida sin necesidad de pronunciarla. El arquitecto no le pregunta a la señora cómo construiría ella un muro de contención; él le muestra el plano. El investigador no le pregunta al líder comunitario qué categorías usaría para analizar su propia realidad; él trae las categorías desde la universidad.
Las comunidades tienen formas propias de entender el riesgo, la memoria, el territorio. Un deslizamiento no es solo un “movimiento en masa” para quien vive en la ladera; es la noche en que se oyó un crujido y todos salieron corriendo, es la casa del vecino que se partió en dos, es la promesa incumplida de reubicación. Pero en los “Mapas Especializados”, esos datos subjetivos desaparecen. Solo cuentan las variables medibles: pendiente, tipo de suelo, precipitaciones. El marco técnico reemplaza al marco vital. La comunidad pierde la capacidad de nombrar su propio peligro porque su lenguaje ya no es válido en la instancia donde se toman las decisiones.
Una vez que el saber comunitario ha sido descalificado y reemplazado, la comunidad queda atrapada. Para participar, debe hablar el lenguaje del otro. Para acceder a recursos, debe traducir sus necesidades a los formatos que el otro exige. Para defender su territorio, debe contratar a los expertos que antes la descalificaron.
El epistemicidio se completa cuando la comunidad ya no confía en su propia capacidad de conocer y decidir, y delega ese poder en quienes, paradójicamente, se lo arrebataron.
EL FORMULARIO COMO MÁQUINA EXTRACTIVA
El formulario es, quizás, la tecnología más ubicua y menos examinada de nuestra época. Lo encontramos al solicitar un empleo, al abrir una cuenta bancaria, al inscribirnos en una red social, al matricular a nuestros hijos en la escuela, al solicitar una visa, al acceder a un servicio de salud, al comprar un seguro, al descargar una aplicación, al participar en un concurso, al inscribirnos en una universidad. El formulario está en todas partes, pero pasa desapercibido. Es la condición de posibilidad de la vida administrativa contemporánea, pero también es algo más: es un dispositivo extractivo de primera magnitud.
Un formulario no es una simple hoja con preguntas. Es una tecnología política que opera mediante la traducción de la experiencia vivida a categorías predefinidas. Lo que no cabe en las casillas no existe para el sistema. El dolor que no tiene código no será atendido. La identidad que no encaja en las opciones no será reconocida. El formulario no registra la realidad: la produce, la recorta, la normaliza.
El formulario es la cama de Procusto de la era digital. Como el bandido de la mitología griega que estiraba o amputaba a sus víctimas para que encajaran en su lecho, el formulario nos obliga a caber en sus categorías. Si nuestra experiencia es más compleja que las opciones ofrecidas, debemos simplificarla, mutilarla, traicionarla. El formulario no se adapta a nosotros; nosotros debemos adaptarnos a él.
Lo que el artista de una Convocatoria percibe como un trámite burocrático es, desde otra perspectiva, una operación de minería de datos. El formulario de postulación solicita:
- Datos biográficos extensos: No solo identificación básica, sino trayectoria completa, formación, premios, reconocimientos. Estos datos permiten construir perfiles detallados del ecosistema cultural local.
- Descripción del proyecto: Objetivos, justificaciones, marcos conceptuales, referentes. Aquí se captura no solo el qué, sino el porqué y el para qué de la creación cultural.
- Metodologías: Procedimientos, técnicas, enfoques pedagógicos, formas de relación con comunidades. El saber-hacer del artista, acumulado en años de práctica, queda codificado en respuestas estandarizadas.
- Poblaciones beneficiarias: Caracterizaciones de comunidades, diagnósticos de necesidades, descripciones de contextos sociales. Datos sobre poblaciones vulnerables que son recogidos sin consentimiento explícito de esas comunidades.
- Presupuestos detallados: Costos de honorarios, materiales, logística, comunicación. Información sensible sobre el valor del trabajo cultural que puede ser utilizada para futuras políticas de contratación.
- Evidencias de trayectoria: Portafolios, publicaciones, registros audiovisuales, cartas de recomendación. Material que acredita la experiencia pero que también alimenta bases de datos de producción cultural.
- Datos de contacto y redes: Correos, teléfonos, perfiles en redes sociales, sitios web. Información que permite el contacto directo pero también la construcción de redes de influencia y la segmentación de públicos.
Toda esta información es almacenada en servidores de la Alcaldía, gestionada por operadores tecnológicos externos, y sujeta a términos de uso que los artistas aceptan sin leer, como condición ineludible para participar.
PROCESO DE EXTRACCIÓN:
Fase 1: Convocatoria. La Alcaldía abre inscripciones. Los artistas, necesitados de recursos, se ven obligados a participar. Las bases de la convocatoria establecen que la postulación implica aceptación de términos que nadie lee.
Fase 2: Captura. Los formularios digitales recolectan información detallada. Plataformas tecnológicas, contratadas por la Alcaldía, almacenan y procesan estos datos. Las condiciones de almacenamiento, seguridad y cesión no son transparentes.
Fase 3: Selección. Un jurado (cuyos miembros también han debido postularse, entregando sus propios datos) evalúa los proyectos. La información de todos los participantes, hayan ganado o no, queda en las bases de datos.
Fase 4: Ejecución. Los proyectos ganadores se implementan. Durante su desarrollo, generan nuevos datos: informes de avance, registros de actividades, listados de asistentes, evaluaciones de impacto. Todo esto alimenta el archivo.
Fase 5: Archivación. Todos los datos —de ganadores y no ganadores, de proyectos implementados y no implementados— son almacenados. Constituyen un archivo masivo de la producción cultural de la ciudad.
Fase 6: Explotación. Este archivo puede ser utilizado para: investigación académica (convenios con universidades), diseño de políticas públicas (basadas en los perfiles detectados), desarrollo de productos culturales (identificando tendencias), o incluso comercialización a empresas interesadas en el mercado cultural local.
El artista que participó para obtener un estímulo de 10 millones de pesos ha entregado, sin saberlo, información que puede generar valor multiplicado por miles de millones para quienes tengan acceso a ella.
EL TERRITORIO COMO ESPECTÁCULO
Una vez que el saber comunitario ha sido descalificado, el camino está abierto para la extracción más lucrativa: la conversión del sufrimiento en espectáculo. La espectacularización es la técnica mediante la cual el dolor, la vulnerabilidad y la resistencia de las comunidades se transforman en productos consumibles para audiencias externas. No se trata de ocultar el sufrimiento, sino todo lo contrario: se lo exhibe, se lo embellece, se lo vende.
Lo que fue campo de batalla es hoy destino turístico global. Los murales que narraban historias de violencia y resistencia son ahora fondos para selfies. Las escaleras eléctricas que mejoraron la movilidad de los residentes son ahora atracciones para visitantes. Los guías comunitarios que sobrevivieron a la guerra son ahora actores en un guion escrito para el consumo externo.
No todos los dolores son igualmente vendibles. El turista no quiere escuchar sobre el desplazamiento burocrático, sobre la espera interminable por una indemnización, sobre la lucha por un título de propiedad. Quiere historias con arco narrativo: antes había violencia, ahora hay paz; antes había miedo, ahora hay esperanza; antes había balas, ahora hay colores. Los guías aprenden a seleccionar los fragmentos de la historia que encajan en este molde. El dolor complejo, contradictorio, sin resolución, queda fuera del guion.
El testimonio no basta; debe ser performado. El guía señala el lugar donde cayó una bala, pero no dice que allí sigue viviendo la familia de la víctima. Muestra la pared donde había un cadáver, pero no menciona que el dueño de la casa aún tiene pesadillas. La puesta en escena convierte el territorio en un decorado. Los residentes se convierten en actores. La vida real queda detrás del telón.
Lo que ocurre en la comuna no se queda en la comuna. Las fotos de los turistas suben a Instagram. Los hashtags se multiplican. Los influencers venden “experiencias auténticas”. Las agencias de viaje incluyen la comuna en sus catálogos. Los documentales se emiten en canales internacionales. El espectáculo se reproduce exponencialmente, y con cada reproducción, la distancia entre la representación y la realidad se agranda.
Con el tiempo, el espectáculo deja de ser visto como representación y comienza a ser tomado como realidad. Los propios residentes pueden llegar a creer la versión edulcorada de su propia historia. Los nuevos habitantes del barrio, que llegaron después de la violencia, no conocen otra cosa. La memoria colectiva se reemplaza por el guion turístico. El espectáculo devora la historia.
LOS MEDIOS COMUNITARIOS COMO MINAS DE DATOS
Para comprender el extractivismo, es necesario comprender primero qué se está extrayendo. Los medios comunitarios de Medellín no son meros productores de contenidos. Son, ante todo, productores de saberes. Saberes situados, construidos desde la experiencia cotidiana del territorio, desde la lucha por la vivienda, la memoria del desplazamiento, la resistencia a la violencia, la organización para el agua o la educación en derechos humanos, la promoción de la cultura y el arte como estrategias de paz territorial.
Estos saberes son múltiples: el saber técnico de manejar una cámara, que se aprende entre vecinos; el saber narrativo de contar una historia de resistencia que no caiga en el sensacionalismo; el saber territorial de saber dónde está cada casa, quién es cada líder, qué historia merece ser contada; el saber político de entender que la comunicación es también una herramienta de lucha.
No son saberes académicos, en el sentido de certificados por títulos universitarios. Pero son saberes profundos, válidos, necesarios. Son, como los define el diálogo de saberes que estos colectivos practican, “conocimiento en mayúsculas”. Los Medios comunitarios no son “insumo” para que otros procesen, no son “datos” para que otros analicen, no son “información” para que otros publiquen. Los medios comunitarios son saberes vivos, experiencias de transformación social y sujetos de derechos.
Pero esta riqueza epistémica es también una vulnerabilidad. Cuanto más valioso es el saber, más codiciado es por quienes pueden extraerlo. Y los medios comunitarios, insertos en contextos de desigualdad estructural, tienen pocas herramientas para protegerse. No cuentan con departamentos legales que revisen los contratos de investigación. No tienen políticas de datos que regulen el acceso a sus métricas. No tienen capacidad de negociación frente a universidades o agencias de cooperación. Su saber, construido con esfuerzo y con recursos escasos, se convierte en un recurso de libre acceso para quienes tienen el poder de tomarlo.
El investigador benévolo es quizás la figura más peligrosa del extractivismo cultural, porque no parece peligroso. Llega a la comunidad con libreta en mano, grabadora de bolsillo y una sonrisa amable. Habla de “ciencia”, de “conocimiento”, de “verdad”. Dice que quiere “comprender la realidad” de la comunidad para “contribuir a su transformación”. Usa palabras como “horizontalidad”, “participación”, “diálogo de saberes”. La confianza es el recurso más valioso que el investigador extraerá.
Hay una palabra que funciona como llave maestra en este proceso: “académico”. La palabra “académico” opera como un dispositivo de legitimación que desactiva las defensas.
¿Qué significa “académico” en este contexto? En teoría, significa que la investigación no tiene fines comerciales, que los datos no serán vendidos, que los resultados serán utilizados para generar conocimiento, no para acumular capital. Suena bien. Es tranquilizador. Pero la práctica muestra que “académico” también puede ser una coartada. Una investigación “académica” puede ser perfectamente extractiva si no hay retorno de beneficios, si no hay copropiedad de los datos, si no hay participación de los sujetos investigados en la interpretación de los resultados.
Los medios comunitarios confían en la palabra “académico” porque asocian la academia con el saber, con la formación, con la búsqueda desinteresada de la verdad. No ven, o no quieren ver, que la academia también puede ser extractiva. Que la academia también tiene intereses: la producción de conocimiento como mercancía académica, la acumulación de capital simbólico a través de publicaciones, la legitimación de las instituciones a través de su “vínculo con el medio”.
GEO PATRIMONIO: ¿QUIÉN DECIDE QUÉ SE RECUERDA?
La actualización de la memoria patrimonial de Medellín es un proceso ambicioso. La plataforma Geo Patrimonio permite visualizar estos bienes con información espacial de las diferentes tipologías patrimoniales de la ciudad .
Pero esta actualización plantea preguntas fundamentales sobre el poder de nombrar. ¿Quién decide qué es patrimonio? ¿Quién define qué merece ser recordado y preservado? ¿Qué criterios se utilizan? ¿Se consulta a las comunidades? ¿Hay participación en la selección?
Los edificios institucionales, monumentos a próceres, iglesias, teatros, son la memoria oficial de la ciudad, la memoria desde arriba. Pero ¿dónde están las memorias de las laderas? ¿Los lugares donde se organizó la resistencia comunitaria? ¿Las escaleras construidas por los propios vecinos? ¿Las canchas de fútbol que fueron espacios de encuentro y solidaridad? ¿Los “ranchos” que fueron las primeras viviendas de los desplazados?
¿El poema de Carlos Castro Saavedra en el Parque de Boston es patrimonio?
Castro Saavedra fue un gran poeta, el “escritor de la violencia” que “reflejó la realidad social, la muerte, la melancolía y el dolor”. Pero la poesía popular de las laderas, la que no está en los libros, la que circula oralmente, ¿no es también patrimonio? ¿Quién la protegerá cuando desaparezcan quienes la recuerdan?
El Archivo Histórico de Medellín, en su plataforma “Play”, conserva registros documentales de la ciudad existentes desde 1675. Son documentos valiosos, pero son documentos del poder: censos, planos, proyectos de infraestructura, incluso expedientes sobre “limpieza de sangre”. ¿Dónde están los documentos de los sin-papeles? ¿Dónde están los registros que los propios desplazados produjeron para acreditar su existencia ante el Estado?
Esta selección no es inocente. Al elegir qué se recuerda, se elige también qué se olvida. Al financiar la conservación de unos monumentos y no de otros, se invierte en unas memorias y no en otras. Al incluir unos nombres en el catálogo del patrimonio y excluir otros, se define quiénes son los verdaderos protagonistas de la historia de Medellín. No es que las memorias populares no existan. Es que no importan. No tienen el bronce. No tienen el mármol. No tienen el espacio en la plaza principal.
La patrimonialización selectiva tiene una consecuencia directa sobre el extractivismo cultural: al definir qué es “patrimonio”, el Estado legitima ciertos relatos y deslegitima otros. Las comunidades que no aparecen en el catálogo oficial quedan fuera del relato. Sus memorias, sus luchas, sus resistencias, no son “historia”. Son “folclor”. Son “tradición oral”. Son “saberes populares”. Siempre en minúsculas. Siempre en segundo plano.
La memoria patrimonial puede ser una oportunidad para incluir estas experiencias e historias marginadas. Pero también podría ser, si no se hace con participación comunitaria genuina, una nueva forma de extracción: tomar lo que las comunidades han construido, convertirlo en “patrimonio”, es decir, en objeto de gestión institucional, y controlar su uso y circulación.
Las Comunas de Medellín han sido, desde su origen, territorios de creación poética. No me refiero solo a la poesía en sentido estricto (aunque también la hay), sino a esa dimensión poética que habita en las formas de nombrar, de narrar, de habitar.
Pero la poesía viva de las laderas no está en los archivos. Está en las conversaciones cotidianas, en las formas de nombrar los barrios, en los relatos que pasan de generación en generación sobre cómo se llegó allí, cómo se construyó la primera casa, cómo se organizó la primera junta de acción comunal. Está en el humor con que se enfrenta la adversidad, en la ironía con que se nombra lo imposible, en la ternura con que se recuerda lo perdido.
Yuly Andrea Durango Florez (Medellín, Colombia). Filósofa y Especialista en Informática para el Aprendizaje en Red, con más de seis años de experiencia liderando la transformación educativa a través de la pedagogía crítica, el diseño instruccional innovador y la integración estratégica de TIC. Experta en la gestión de proyectos educativos, la implementación de metodologías activas y la formación docente, con un sólido historial en la creación de entornos virtuales de aprendizaje de alta calidad y recursos educativos digitales efectivos. Directora de la Revista Literaria Ouroboros (Medellín, 2016). Facilitadora de experiencias de aprendizaje innovador en Academia Ouroboros (Ouroverso, 2026). Coordinadora pedagógica de procesos de comunicación comunitaria (2019, 2018), y de proyectos culturales de la Corporación Ouróboros (2020-2021). Ha participado en eventos poéticos como el IV Encuentro Internacional Poetas al viento (2020), Tercer Congreso Internacional Cultura Viva Comunitaria (Quito-Ecuador, 2017). Ha sido coordinadora del programa literario Poesía Life 2.0. Su poesía ha sido incluida en el libro Antología del amanecer (2021). Gestora cultural del Festival Literario Ouroboros 2022 “Memorias e identidades rurales”.
Luis Eduardo Cano Álvarez (Medellín, Colombia). Creador Multimedial. Poeta Experimental . Editor Web (Ouroboros). Graduado en psicología de la Universidad de Antioquia. Mediador multimodal en los proyectos literarios: “Literatura, territorio e identidad en los corregimientos de Medellín (2017)”, “Reconociendo a los buenos vecinos” (2018) y “Narrativas para el reconocimiento comunitario” (2019). Ha publicado de manera independiente los siguientes libros con la editorial Ouroboros. Poesía: Guía poética de flores (2017) y Extinción de luz (2018). Magia: El círculo de piedra (2017), El jaguar volador (2018). Ciencia ficción: Beth: ciudad viviente (2018). Coordinador del taller online Poesia Life 2.0 de la Revista Ouroboros.
